La discriminación cultural, el tercer aspecto relacionado con la ausencia de equidad, consiste en el conjunto de prácticas que niegan o impiden el goce de derechos en razón de diferencias étnicas o culturales, y que están fundadas en actitudes que comprenden tales diferencias como prejuicios y estereotipos socialmente generalizados.
"La discriminación puede estar enraizada todavía en una actitud racista, pero hoy es más explícita la intolerancia respecto de las diferencias étnicas y culturales, aunque estas no sean más percibidas como diferencias raciales. Se trata de una actitud dominante en los actores políticos y en la opinión pública, que consiste en la negación del derecho de los diferentes a participar del proyecto nacional (su construcción y sus beneficios) desde sus particularidades, ejerciendo un grado razonable de autonomía y reteniendo el control de los recursos y de los procesos sociales y culturales enraizados en sus territorios. Desde este punto de vista la discriminación consistiría en el hecho explícito e intencionado de no marcar la diferencia." (Iturralde, D. 2000).
El reconocimiento constitucional de derechos colectivos para los pueblos indígenas es un avance en la comprensión del pluralismo de la sociedad ecuatoriana. La unidad de lo diverso, principio sobre el cual descansa este reconocimiento, supone una modificación de las relaciones entre los distintos: la interculturalidad, entendida no solo como el respeto y la tolerancia de lo diverso, sino además como un proceso de modificación de las partes en relación. Se trata de un diálogo sobre lo que cada cual puede aportar en una relación intercultural, relación en la que también existen factores en los cuales cada parte puede perder o ceder.
La interculturalidad es una política que está presente, en varias iniciativas desarrolladas por las organizaciones de las nacionalidades y pueblos, conjuntamente con algunas ONG’s en el campo de la salud por ejemplo; aunque aún de manera incipiente también se han desarrollado espacios en el nivel estatal, tales como la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y más recientemente la Dirección Nacional de Salud Indígena. Sin embargo, no existen aún respuestas similares en la sociedad en general sobre enfoques interculturales en esos mismos campos.
La pluralidad, con la contrapartida de la interculturalidad, debe comprender varios de los sistemas del Estado. Uno de los aspectos que aún se encuentra por resolver, derivado de la reforma constitucional, es el del reconocimiento del derecho indígena y la consecuente comprensión de la pluralidad del sistema jurídico nacional.
Finalmente, es necesario precisar dos aspectos que suelen confundirse al hablar de la pluralidad del Estado. El primero se relaciona con los cálculos sobre si los indígenas constituyen mayorías o si son minorías. El segundo, a equiparar la diversidad cultural con la racial y por ende el sentido de la discriminación. Al respecto, Bartolomé Clavero (1997) señala que "un argumento que suele interponerse a la idea de configurar verdaderos estados plurales (...) es el de las mayorías y minorías, el cual resulta menos constitucional, aunque aparezca democrático." Una cuestión constitucional tan primaria como la de unos derechos colectivos de alcance constituyente no es cuantitativa, sino cualitativa. No es de demografía, sino precisamente de derecho y de un derecho tal, constitucional. No depende de mayorías ni de minorías, de cuántos sean unos y los otros, los de unas o de los de las otras culturas, sino de que la pluralidad como tal se dé. Mientras ésta persista, tampoco un derecho de cultura se anula por un mestizaje de sociedad. El derecho que se plantea está relacionado con la pluralidad de culturas y entre ellas, no entre razas. Datos como los demográficos pueden ser importantísimos, pero no a efectos del derecho.
Los pueblos y nacionalidades indígenas históricamente se han constituido en reservorio y fuente constante de valores, normas, conductas y tecnologías para el desarrollo nacional. Pero no siempre han sido tratados con equidad ni se les han brindado las oportunidades para su desarrollo sostenible, tanto por parte del Estado como de la sociedad civil. Por ello, ahora más que nunca, frente a los desafíos que impone la globalización y dada la crisis por la que atraviesa nuestro país, es imprescindible tener una comprensión nacional de nuestra historia fundada en valores propios y ancestrales que bien nos puede ayudar para plantearnos de mejor manera la consecución de metas de desarrollo equitativo, plural e intercultural, entendidas también como la creación de oportunidades para aquellos que no las tienen.
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